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RSE: TRIBUNA DE EXPERTOS: ISABEL TAMARIT, RESPONSABLE DEL SECTOR PRIVADO DE CAMPAÑAS Y ESTUDIOS DE INTERMÓN OXFAM

 

Pocas veces hemos sido tan conscientes de las implicaciones que el petróleo tiene en nuestra vida como a lo largo de estas últimas semanas. La subida imparable del precio del crudo, los debates radiofónicos sobre la sostenibilidad del modelo energético y desde hace unos meses la presencia machacona de Evo Morales en los periódicos y medios de comunicación españoles han contribuido a que la industria petrolera esté inusitadamente presente en nuestro día a día.

El ámbito de discusión se ha extendido..., ya no se habla sólo del precio de la gasolina. Los nuevos aires que se respiran en América Latina han puesto también de relieve la existencia de situaciones contradictorias (¿pobreza en países productores de petróleo y gas?) y ha abierto grandes interrogantes (¿están actuando nuestras empresas en América Latina de manera responsable?).

Ambas cuestiones están sin embargo íntimamente relacionadas, y a falta de incorporar otra cuestión no menos relevante (responsabilidad del Estado en la gestión transparente de los ingresos públicos provenientes de los hidrocarburos) nos encontramos al final con un 'patrón' de conducta y de situación insostenible que tristemente se repite en muchos de los 'ricos' países productores de hidrocarburos.

La sorprendente y extraña simbiosis que parece existir entre la industria extractiva y la pobreza queda en evidencia en la investigación realizada por Oxfam Internacional en 2001. El informe establece entre otras cuestiones que la actividad petrolífera tiene un impacto general negativo en los procesos democráticos y de buen gobierno, algo que no se observa en países dependientes de otras materias primas.

Asimismo, que los países con mayor dependencia en industrias extractivas crecen más despacio que el resto y gastan menos en servicios sociales básicos y que la explotación de hidrocarburos está a menudo relacionada con situaciones de conflicto o violencia armada. Además, el informe señala que los proyectos petroleros generan graves impactos medioambientales, sociales y en la salud del entorno en el que se desarrollan.

Gobiernos y empresas tienen que establecer medidas y patrones de actuación que permitan acabar con este anacronismo, ¿pobreza en la riqueza?.

Para ello es necesario que la explotación y comercialización de hidrocarburos (gas y petróleo) contribuya en primer término a la lucha contra la pobreza y a fomentar el desarrollo productivo del país, al tiempo que permita a las partes (empresas y Estado) obtener unos beneficios razonables.

Favorecer (el Estado) y beneficiarse (la empresa) de situaciones que anteponen el lucro empresarial al desarrollo social se convierte finalmente en un 'boomerang' de alcance imprevisible donde finalmente todos pierden; la empresa dinero y reputación, la población la oportunidad de haber avanzado en el camino del desarrollo.

 

Los ingresos generados tienen además que gestionarse de manera transparente, estableciendo mecanismos de diálogo y control en los que participe la sociedad civil como garante de la correcta gestión pública. Para ello es indispensable que las empresas se comprometan a publicar los datos financieros sobre costes, ingresos y beneficios derivados de su actividad en cada país, respondiendo con datos concretos a las declaraciones generales de transparencia, pilar de la responsabilidad social corporativa (RSC), que las compañías pregonan.

 

Y con ello llegamos al debate más controvertido ..¿actúan las empresas de manera responsable en los países donde operan?, ¿de que manera contribuyen a potenciar o remediar situaciones de pobreza?, ¿impregna su política de RSC su política general y estrategia de negocio?. La pasada semana el Observatorio de la RSC (del que Intermón Oxfam es miembro) realizó con la colaboración de la Fundación Carolina unas jornadas sobre la responsabilidad social de las empresas españolas presentes en América Latina.

 

Aunque la jornada trataba del sector eléctrico, un periodista no pudo evitar preguntar a Juan Legisa, coordinador del Consejo Asesor de Estrategia Energética de la Secretaría de Energía de Argentina, si en su opinión la gestión llevada a cabo por las empresas presentes en Bolivia había contribuido a la situación que vive actualmente el país. Su respuesta fue categórica, 'sin duda alguna'.

 

Mientras que en nuestro país seguimos con la sempiterna discusión de qué es o no la RSC, fuera de nuestras fronteras se hace evidente su falta de definición y concreción. Las empresas españolas se hacen cruces ante las palabra maldita, 'regulación', pero a la postre todos sufren las consecuencias de su falta de aplicación...., ¿por qué las empresas todavía no se dan cuenta de esto?.

 

Isabel Tamarit.

 

Responsable de sector privado del departamento de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam.

Rse: Rodrigo González Fernández,

Para leer más de estos y otros importantes temas ver:  respsoem.blogspot.com; biocombustibles.blogspot.com;consultajuridica.blogspot.com