miércoles, noviembre 11, 2015

Comisión de Constitución de la Cámara despacha proyecto que sanciona colusión con cárcel

Comisión de Constitución de la Cámara despacha proyecto que sanciona colusión con cárcel

Proyecto del gobierno fija penas de cárcel de 5 a 10 años y aumenta multas.

Comisión de Constitución de la Cámara aprobó control preventivo de identidad
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18:17 hrs. Martes 10, Noviembre 2015

Este martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó el proyecto del gobierno que aumenta las sanciones para los actos de colusión. 

Esto luego que el lunes de la semana pasada el gobierno pusiera suma urgencia a la iniciativa ingresada en marzo de este año, y que contempla mayores multas y penas de cárcel a la colusión (ver detalles en subtítulo).

Además, en la comisión se aprobó replicar los criterios de la denominada "Ley Emilia" a los actos colusorios, asegurando así al menos un año efectivo de cárcel antes de que los responsables puedan acceder a formas alternativas de cumplimiento de penas.

"Para que la legislación opere como un real disuasivo los actores económicos deben saber que existe la posibilidad concreta de pagar con cárcel por este tipo de conductas, lo que se podía evitar en ciertos casos por la aplicación de atenuante"

 

Junto con esto, los parlamentarios aprobaron que en caso que la colusión implique bienes de primera necesidad se apliquen penas por sobre los 7 años y medio de cárcel.

Otra de las modificaciones introducidas al proyecto por la Comisión de Constitución fue restringir los beneficios otorgados por la delación compensada, para que sólo la primera empresa en autodenunciarse pueda eximirse de la sanción penal y del total de la multa. 

En paralelo al proyecto del gobierno ayer las comisiones de Economía y Constitución del Senado aprobaron dos mociones en esta materia, que probablemente se fusionen con la del Ejecutivo. 

Los ejes del proyecto del gobierno

1) Mayores multas 

El proyecto del año 2004 fija multas de hasta 30 mil UTA (Unidades tributarias anuales), equivalentes a aproximadamente 25 millones de dólares. 

En este contexto, uno de los ejes centrales del proyecto apunta a terminar con la "desproporción" que existe entre el tope de las multas fijadas en la actual normativa y los perjuicios causados. 

A modo de ejemplo, en el caso de la colusión de los pollos el TDLC impuso la multa máxima de 25 millones de dólares. Sin embargo, el daño causado se estimaba en 1.500 millones de dólares.

En este contexto, el proyecto del gobierno apunta a pasar a un sistema de multa fija a uno variable, que contempla dos escenarios.

Un límite máximo de multa del doble de la ganancia obtenida por el infractor o el doble de la pérdida causada a las víctimas.
Una multa de hasta un 30% del valor de las ventas, multiplicado por el número de años en que se cometió la infracción.

2) Penas de cárcel

Hasta el año 2003 Chile contó con penas de presidio menor en cualquiera de sus grados (de 61 días hasta 5 años) para quienes atentaran contra la libre competencia. Sin embargo, esta sanción nunca se aplicó, entre otras cosas por la falta de una institucionalidad para actuar frente a estos casos. 

A más de una década de este cambio, el gobierno propone reponer esta pena a las conductas relacionadas con casos de colusión, recogiendo una serie de mociones ingresadas por parlamentarios de diversos sectores políticos.

En concreto se propone que aquellos ejecutivos que celebren, implementen o ejecuten acuerdos de colusión, así como las personas naturales que los organicen, como directivos de asociaciones o asesores, se establece una pena principal de crimen, es decir, reclusión mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día hasta 10 años).

Junto con esto se propone la inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como de director o gerente de empresas del Estado por un plazo de cinco años.


Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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Cristián Larroulet :Sin empresa no hay progreso

SIN EMPRESA NO HAY PROGRESO

 COLUMNAS | 11.11.15

Por Cristián Larroulet:

Los detractores de la economía social de mercado no dejaron pasar la oportunidad que les dio el último condenable caso de colusión denunciado por la Fiscalía Nacional Económica. Tal como lo hicieron en el pasado con situaciones similares, han aprovechado este lamentable hecho para sembrar la desconfianza en las empresas y los emprendedores, cuestionando su rol, legitimidad y valor.

Por eso, es oportuno recordar que, a pesar de las consignas y caricaturas que promueve esta campaña antiemprendimiento, la historia nos muestra que Chile ha alcanzado su mayor progreso social, al disminuir la pobreza y ampliar los horizontes de desarrollo de los chilenos, gracias al insustituible aporte que, desde hace décadas, realizan miles de emprendedores que con talento y creatividad generan empleos y riqueza.

Para continuar avanzando por el camino hacia el desarrollo, es necesario fortalecer la actual economía de mercado, combatiendo tanto los abusos y prácticas monopólicas, como las regulaciones que impiden la innovación y la creatividad. Para ello se requieren instituciones que velen eficazmente por la libre competencia, que ofrezcan mejores condiciones de financiamiento a las empresas de menor tamaño, y que fomenten programas de apoyo para fortalecer una cultura favorable al emprendimiento y la innovación.

Porque el emprendimiento y la innovación no sólo son requisitos indispensables para lograr el desarrollo económico y para hacerlo sustentable en el tiempo, también son poderosas herramientas que estimulan la movilidad social modelando una sociedad más meritocrática y justa.

Como en otros aspectos, nuestro país hoy enfrenta una clara encrucijada. Si la libertad de emprender retrocede ante quienes creen en el Estado Empresario y las regulaciones obstaculizadoras del emprendimiento y la competencia, Chile va a volver a ser un caso de desarrollo frustrado. Si, por el contrario Chile continúa transitando por el camino que empezó a recorrer hace varias décadas, y que en materia de emprendimiento e innovación se ha visto fortalecido durante los últimos años, el anhelado salto al desarrollo, aparejado de la eliminación de la pobreza, se ve cada vez más cerca. El gran desafío de esta generación es lograr que ello se haga realidad.























































Fuente:

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Rodrigo González Fernández
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LUCAS PALACIOS NO ES EL MERCADO, SON LAS PERSONAS

NO ES EL MERCADO, SON LAS PERSONAS

Foto de Latercera.com
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Frente al caso de colusión que hemos visto recientemente han surgido voces defensoras del mercado como base del sistema económico, razón por la cual habría que profundizarlo con mayor competencia y menor regulación. Otras personas han levantado banderas en contra de la capacidad del mercado, proponiendo mayor intervención y hegemonía del Estado.

En este debate, pareciera que hay algunos enamorados del mercado y otros del Estado, lo cual encasilla nuestros argumentos como para darnos cuenta de que la finalidad de todo sistema económico, político y social son las personas, las familias; en buenas cuentas, su capacidad para desarrollar una vida plena y feliz. En vez de lo humano, se termina defendiendo lo abstracto.

En el mundo contemporáneo desarrollado hay espacio para todos. Atrás se quedan las sociedades que no son capaces de una visión equilibrada y complementaria entre mercado y Estado: que defienda la libertad, iniciativa y autodeterminación de las personas, así como que sea capaz de brindar apoyo al que lo necesita.

Contribuyamos a un debate abierto que vaya dejando atrás la desconfianza y prejuicios que hemos ido incubando en nuestra sociedad, entendiendo que el mayor daño y origen de la colusión es humano, no sistémico. Todo lo anterior, reconociendo que sería utópico suponer la existencia de un sistema perfecto. Si queremos un sistema que funcione y se proyecte hacia el futuro, su centro deben ser siempre las personas. Cada uno es responsable de que eso suceda.

Publicado en: 
El Mercurio
Escrito por: Lucas Palacios
Ex subsecretario MOP y Facultad de Gobierno UDD

























































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Rodrigo González Fernández
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