martes, agosto 06, 2013

DESDE EL CORREO DE PERÙ

Inversión minera se va a Chile por conflictos sociales en Perú

Minería

Textos:C. Flores web@grupoepensa.pe |Fotos:Grupo Epensa

08:23 | LIMA -

Cada vez más, Chile está sumando inversiones para su actividad minera. Su ministro de Minería, Hernán de Solminihac, dijo que ante el ingreso de nuevos proyectos y ajustes al alza en estimaciones de gasto, el sector recibirá inversiones superiores a $112 mil millones en los próximos ocho años.

Ese monto casi duplica a la inversión prevista en Perú, de unos $57 mil 523 millones, hasta el 2020, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Según Reuters, el país del sur, el mayor productor mundial de cobre, había proyectado anteriormente una cartera de $104,300 millones de inyección de capital en el sector durante el período (ocho años).

Al respecto, el presidente del Comité Aurífero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales, dijo que el problema de Perú, para que no siga sumando proyectos de inversión, es la demora para obtener los permisos que exigen las diferentes instancias gubernamentales peruanas.

"La permisología es el problema mayor para que las inversiones no fluya como debe ser en el Perú. Los conflictos sociales hacen que el problema se acentúe aún más. A los inversionistas no les parece atractivo esperar mucho tiempo porque pierden oportunidades", comentó aCorreo.

Sugirió que sería más proactivo para las inversiones conseguir los permisos de las comunidades con un mecanismo similar a un pliego de reclamos, en la que empresas y comunidades dialoguen y negocien para ponerse de acuerdo y si no lo consiguen, que las autoridades competentes sean quienes decidan.

Fuente:ELCORREO DE PERÚ

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Rodrigo González Fernández
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RSE Las líneas directrices de la OCDE

LUNES 05 DE AGOSTO DE 2013 19:42
ESCRITO POR INVITADO
Correo electrónico Imprimir PDF

Roberto García Polo,  Garrigues Medio Ambiente

Cristina Barreno Malapert, Punto Nacional de Contacto de la OCDE.

Ministerio de Economía y Competitividad

Líneas directrices de la OCDE para multinacionales responsables.Las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales forman parte de la «Declaración de la OCDE sobre inversión internacional y empresas multinacionales», siendo una serie de recomendaciones en aras de asegurar una conducta responsable por parte de las empresas en el contexto de su internacionalización o inversión exterior, aunque también pueden orientar perfectamente en un contexto local. Datan de 1976, aunque su última revisión, una de las más importantes que han sufrido, fue publicada en 2011.

Los países suscriptores de las directrices adquieren el compromiso (vinculante) de ponerlas en práctica, lo que se materializa en el fomento de su aplicación por parte de las empresas –por ejemplo mediante su divulgación o como condicionante en el otorgamiento de financiación pública para la internacionalización-, en la creación de los puntos nacionales de contacto (PNC), de los que se hablará más adelante, y, en su caso, en la elaboración de normativa específica. Actualmente son suscriptores los miembros de la OCDE más Argentina, Brasil, Colombia, Egipto, Letonia, Lituania, Marruecos, Perú, Rumanía y Túnez. 

Si bien las directrices no son vinculantes directamente para las empresas (a menos que los gobiernos que las suscriban trasladen este compromiso a las empresas vía legislativa), suponen un marco de buena aceptación que se ha mostrado eficaz para la responsabilidad social de las empresas, encajando especialmente en la visión empresarial en relación con otros estándares por su sencillez y flexibilidad. Este autor considera que a día de hoy las líneas directrices de la OCDE junto con los principios rectores de derechos humanos y empresa de Naciones Unidas y declaración de la OIT sobre multinacionales son los elementos clave sobre los que ha de pivotar la RSE en su dimensión internacional. Además, las directrices pueden constituir el gran campo de juego de la sociedad civil en relación con el comportamiento empresarial.

Las Directrices

Como se ha indicado, las directrices son recomendaciones que los gobiernos hacen a las empresas multinacionales y que contienen principios y buenas prácticas conformes con normas internacionales de comportamiento generalmente aceptadas. Su cumplimiento por parte de las empresas es voluntario, si bien algunos de los temas que abordan pueden estar sujetos a normativa nacional local (especialmente en los países OCDE) o a otros compromisos internacionales que sí son vinculantes.

Las directrices se agrupan en los siguientes capítulos, que contienen recomendaciones concretas para las empresas:

● Conceptos y principios.

● Principios generales.

● Publicación de información.

● Derechos humanos.

● Empleo y relaciones laborales.

● Medio ambiente.

● Lucha contra la corrupción, el soborno y la extorsión.

● Intereses de los consumidores.

● Ciencia y tecnología.

● Competencia.

● Fiscalidad.

Conceptos y principios

Este capítulo contiene los puntos básicos de las directrices tanto para las empresas: voluntariedad de su aplicación y cumplimiento en todos los países donde operen, como para los gobiernos de los países que las han suscrito; colaboración internacional para solucionar problemas relacionados con las directrices, promoción de las mismas y establecimiento de un Punto Nacional de Contacto.  

Principios generales

Se trata de un capítulo con orientaciones y principios fundamentales para la empresa y de aplicación general y subyacente para el resto de capítulos.

Aborda temas tales como la contribución al progreso económico, social y ambiental, el respeto de los derechos humanos, la estimulación de las capacidades locales, el buen gobierno empresarial, la discriminación, ejercer la diligencia debida (due diligence) basada en el riesgo, impedir o atenuar efectos negativos incluso cuando no sean consecuencia directa de la actividad de la organización (por ejemplo, a través de la cadena de suministro), fomentar el buen comportamiento de colaboradores, comprometerse con la participación de grupos de interés o abstenerse de injerencias en actividades políticas locales.

Estos principios generales reconocen los impactos positivos y negativos potenciales de la actividad empresarial y deberían ser tenidos en cuenta de manera horizontal en la gestión empresarial y en el resto de capítulos cuando éstos sean de relevancia para la situación concreta de la organización.

Publicación de información

Uno de los objetivos que persiguen las directrices es facilitar la comprensión de la actividad de las empresas y su interacción con los grupos de interés (stakeholders), por lo que es necesario actuar con transparencia y establecer una comunicación adecuada con ellos, utilizando los medios más oportunos, desde el uso de las tecnologías de la información a los casos donde sea necesaria una vía más directa y adaptada (comunidades pobres).

Así, las directrices recomiendan a las empresas que garanticen la publicación –en la forma y plazo oportunos- sobre los aspectos relevantes de la misma y de su actividad, de forma desagregada al menos a nivel local, ya que la información consolidada de un grupo multinacional no aportaría gran valor a las comunidades locales que pudieran verse afectadas de forma significativa por el mismo.

Entre otras cosas, las empresas deberían publicar información sobre sus resultados financieros y de explotación, objetivos, participaciones significativas y derechos de voto, políticas de remuneración del consejo y los principales directivos, requisitos de cualificación y designación del consejo, pertenencia de los miembros del consejo a otras sociedades, transacciones con partes vinculadas, riesgos previsibles, políticas de empresa, etc.

Además, las directrices invitan a la publicación de información en ámbitos cuya estandarización se encuentra actualmente en cierto grado de avance, como el ambiental y el social.

Derechos humanos

En relación con los derechos humanos, las directrices se encuentran alineadas con el marco para empresas y derechos humanos de Naciones Unidas «proteger, respetar y reparar» adoptado en junio de 2011, y que constituye una herramienta complementaria bien valorada tanto desde el ámbito empresarial como desde otros ámbitos.

En ambos marcos (directrices OCDE y Naciones Unidas), se reconoce que los Estados tienen el deber de proteger los derechos humanos en su ámbito territorial, y que las empresas deben respetar dichos derechos humanos, independientemente del empeño o voluntad que pongan los Estados en su protección.

Al hablar de derechos humanos habrá que circunscribirse a la Carta internacional de los derechos humanos (comprende la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principales instrumentos en los que se ha codificado: el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos y el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales) y a la Declaración de los principios y derechos fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluye los ocho convenios fundamentales de la OIT al respecto (Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, Convenio sobre el trabajo forzoso, Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, Convenio sobre la edad mínima, Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, Convenio sobre igualdad de remuneración y Convenio sobre la discriminación).

De acuerdo con ambos marcos, este respeto de los derechos humanos por parte de las empresas debe materializarse mediante la publicación de una declaración del nivel jerárquico más elevado de la empresa, acompañada de las políticas que sean necesarias y del despliegue de procesos de evaluación del riesgo de incidencia, vigilancia, detección y reparación, en su caso, mediante medios legítimos (cooperación con mecanismos judiciales o extrajudiciales).

Empleo y relaciones laborales

En este capítulo, al igual que en el anterior, las directrices contemplan los instrumentos en relación con los derechos fundamentales del trabajo promovidos por la OIT, además de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración de la OIT sobre multinacionales).

Las empresas no deberán violar el marco legal de carácter laboral que les sea de aplicación en cada ámbito geográfico, si bien en todo caso deberán actuar para tratar de asegurar el respeto de determinados aspectos, como son el derecho de asociación, representación y negociación, la eliminación del trabajo infantil y del trabajo forzado, la no discriminación (de cualquier tipo), salarios suficientes para satisfacer las necesidades esenciales de los trabajadores y sus familias, salud y seguridad en el trabajo, empleo de personal local cuando sea posible, etc.

Medio Ambiente

Este capítulo de las directrices tiene en cuenta el desarrollo internacional en relación con la protección del medio ambiente, especialmente la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, la Agenda o Programa 21, la Convención sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales (convenio de Aarhus) y los desarrollos de ISO (Organización Internacional de Estandarización) en relación con la gestión ambiental de las empresas (ISO 14000), y aspira a que las organizaciones consideren la variable ambiental antes de tomar la acción de inversión. Así, las directrices requieren lo siguiente:

● Implementar un sistema de gestión ambiental.

● Informar sobre los posibles efectos de la actividad en el medio ambiente, la salud y la seguridad.

● Considerar los impactos previsibles sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad en la toma de decisiones.

● Seguir un principio de precaución ante la falta de certeza científica en materia ambiental, de salud y de seguridad.

● Elaborar planes de emergencia y mecanismos de alerta.

● Perseguir la mejora continua mediante la adopción de las mejores tecnologías, el desarrollo de productos y servicios de menor impacto, la sensibilización de los clientes, el uso eficiente de los recursos, la formación interna y la colaboración en el desarrollo de políticas públicas al respecto, contribuyendo así a un mayor liderazgo y efecto ejemplarizante de las multinacionales en este ámbito.

Lucha contra la corrupción, el soborno y la extorsión

La OCDE cuenta con diversos instrumentos en relación con la lucha contra la corrupción, como son el Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (en vigor desde el 15 de febrero de 1999), la Recomendación de 2006 sobre la corrupción y los créditos oficiales a la exportación, la Recomendación de 2009 para reforzar la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (incluye un anejo de buenas prácticas para la empresa) y la Recomendación de 2009 sobre medidas fiscales para reforzar la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. Estos instrumentos de la OCDE son así mismo coherentes y complementarios con el Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción (en vigor desde el 14 de diciembre de 2005). 

Este capítulo de las directrices es un reflejo de los marcos anteriores, y básicamente solicita a las organizaciones que rechacen por un lado y por otro se abstengan de ofrecer, prometer o solicitar directa o indirectamente pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener (o conservar) un contrato o cualquier otra ventaja ilegítima, así como que desarrollen los mecanismos de control interno y los programas necesarios para asegurar lo anterior, que deberán incluir al menos los requisitos que se recogen en las propias directrices.

El requisito anterior incluye las contribuciones ilícitas a candidatos a cargos públicos y partidos políticos, para lo cual se exige a las organizaciones que respeten íntegramente los requisitos en materia de publicación de información a los ciudadanos y se informe a la alta dirección al respecto. 

Intereses de los consumidores

Al igual que en los casos anteriores, las directrices de la OCDE son coherentes con elementos preexistentes, en este caso por ejemplo con las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor y con instrumentos internacionales relacionados con la resolución de conflictos empresa-consumidor.

En este capítulo se abordan aspectos como el cumplimiento de las normas de seguridad y salud del producto que correspondan, la información suministrada al consumidor, el acceso a mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, la educación del consumidor para que pueda tomar decisiones con conocimiento de causa y comprensión del impacto económico, social y ambiental de las mismas, la protección de los datos de carácter personal, la lucha contra las prácticas comerciales engañosas y contra las amenazas a la salud, la seguridad o el medio ambiente derivadas del consumo, uso o eliminación de los productos.

Así mismo, las directrices resaltan la importancia de tener en cuenta las necesidades específicas de los consumidores más vulnerables o desfavorecidos y los problemas específicos del comercio electrónico. Se resalta así mismo la complejidad existente en el caso de los productos financieros.

Ciencia y tecnología

Bajo la consideración de que las empresas multinacionales son el principal vector para la transmisión de tecnología entre fronteras, consiguiendo así aumentar la capacidad de innovación de los países de acogida, las directrices contemplan un capítulo específico para esta materia. Igualmente reconocen la importancia de la conexión de las actividades de I+D de las empresas con los sistemas nacionales de innovación para conseguir el mismo propósito.

Por ello, las directrices animan a las empresas multinacionales –considerando así mismo aspectos relacionados con la propiedad intelectual, la competitividad y la viabilidad económica- a difundir de manera razonable los resultados de sus actividades de I+D y contribuir a la capacidad de innovación de los países de acogida. Por ejemplo, mediante la comercialización de productos que incorporen las últimas innovaciones, la concesión de licencias, generando empleo especializado, contando con colaboradores locales en la actividad de I+D o incluso contribuyendo al diseño de un marco local de innovación. 

Competencia

Las directrices recuerdan que las empresas deberán llevar a cabo su actividad de forma compatible con la normativa aplicable, incluyendo el derecho de la competencia de todos los países donde puedan tener efectos anticompetitivos, así como colaborar con las autoridades cuando proceda.

En concreto cita como prácticas anticompetitivas los acuerdos entre empresas para fijar precios, realizar ofertas concertadas, limitar la producción o repartirse el mercado.

En este capítulo, las directrices toman como referencia determinadas recomendaciones de la OCDE, como la Recomendación del Consejo relativa a una acción eficaz contra los cárteles (C(98)35/FINAL), la Recomendación del Consejo sobre cooperación entre los países miembros en relación con las prácticas anticompetitivas en el comercio internacional (C(95)130/FINAL) y la Recomendación del Consejo sobre el control de las fusiones (C(2005)34).

Fiscalidad

Para la consecución del desarrollo sostenible, las directrices consideran importante la contribución de las empresas a las finanzas públicas de los países de acogida, y señala que no sólo se debe cumplir con la normativa fiscal correspondiente, sino también con su espíritu, es decir, entender y respetar la intención del legislador, teniendo en cuenta por ejemplo la jurisprudencia existente y una colaboración mutua equilibrada.

Las directrices recogen que la disciplina fiscal implica en concreto la comunicación puntual a las autoridades de la información necesaria para el cálculo correcto de los impuestos, y la adaptación de sus prácticas en materia de precios de transferencia al principio de plena competencia con el objeto de evitar la transferencia inapropiada de los beneficios o las pérdidas entre empresas del mismo grupo multinacional y minimizar los riesgos de doble imposición.

Así mismo indican que las empresas deberán considerar el gobierno fiscal y la disciplina fiscal como elementos importantes de sus mecanismos de control y de sus sistemas de gestión, identificando y evaluando plenamente los riesgos financieros, reglamentarios y reputacionales asociados a la fiscalidad.

Cabe reseñar que la OCDE cuenta con otros instrumentos relacionados con estos asuntos, como son las Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias, y la Recomendación del Consejo sobre la determinación de los precios de transferencia entre empresas asociadas.

El papel de los PNC

La única obligación formal que las directrices exigen a los países adheridos es la creación de los denominados Puntos Nacionales de Contacto (PNC), cuyo objetivo es fomentar la eficacia de las directrices, llevar a cabo actividades de promoción, atender las consultas realizadas y facilitar y participar en la resolución de los conflictos que pudieran surgir entre –por lo general- sociedad civil y empresas, de acuerdo a un procedimiento preestablecido que contempla la colaboración entre PNCs si fuera necesario. Para ello es necesaria una dotación presupuestaria adecuada por parte de los gobiernos. En cada país, tanto la estructura de los PNC como su forma de actuación pueden ser diferentes, siendo particularmente comprometidos los PNCs de Países Bajos o Noruega, tradicionalmente más preocupados por la imagen que proyectan a través de sus multinacionales. En relación con el PNC de España, puede consultarse su web www.espnc.es

En general, los casos son tratados por el PNC del país donde éstos se plantean. Sin embargo, si no hay PNC en ese país, los casos pueden ser llevados ante el PNC del país donde la empresa tiene su sede principal. En caso de conflicto, y tras la «denuncia» al PNC por una de las partes, el PNC realiza una evaluación inicial del caso de carácter más bien formal, que si prospera llevará a abrir consultas con las partes implicadas y, si es necesario, con las autoridades competentes –a través de las medios oficialmente establecidos en caso de países no OCDE-, con organizaciones empresariales, sindicales o civiles, con terceros especialistas, con otros PNC y, en última instancia con el Comité de Inversiones de la OCDE. Finalmente se procede a la conclusión del caso que podrá ser: 

● La publicación de una declaración del PNC desestimando el caso.

● La emisión de un informe en caso de acuerdo entre las partes, con las medidas acordadas entre estas.

● La emisión de una declaración si las partes no han llegado a un acuerdo, o si una de las partes se ha negado a llegar a un acuerdo, constatando el hecho correspondiente.

● En cualquiera de los casos anteriores deberá acompañarse un informe del asunto. Así mismo se llegará a un acuerdo con las partes en relación con la información que se desee someter a confidencialidad más allá de unos mínimos que sí deben ser publicados.

Lo indicado anteriormente no debe confundir al lector en relación con el papel del PNC: el PNC en principio no es un agente conciliador o mediador, sino un agente informativo y facilitador.

Un ejemplo de la actuación del PNC, entre los casos abiertos o cerrados recientemente en los PNC, ha sido el caso de la empresa agroalimentaria holandesa Nidera, concluido a mediados de 2012, tras la denuncia de varias ONG en relación con el respeto de los derechos humanos en trabajadores rurales temporales por parte de esta compañía en Argentina. Como resultado, la compañía reforzó su política y actuaciones en relación con la protección de los derechos humanos. La declaración final del PNC holandés, acompañada de una declaración del Ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura e Innovación de Holanda, confirmó el resultado positivo del acuerdo alcanzado mediante el diálogo entre las partes en algo menos de un año de proceso.

En conclusión

Las directrices de la OCDE para empresas multinacionales no son un estándar adicional a los ya existentes en el marco internacional (OCDE, Naciones Unidas) en relación con el desarrollo sostenible y las empresas, sino que constituyen una integración coherente de los instrumentos preexistentes enfocada a su aplicación práctica por parte de las empresas.

Ello hace que se trate de una herramienta muy completa y adecuada de cara a la internacionalización de las empresas bajo la óptica del desarrollo sostenible, contemplando este concepto desde el amplio abanico de las materias ya tratadas por diferentes convenios y políticas internacionales elaboradas bajo el consenso y aprobación de diferentes grupos de interés.

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Revista EcosostenibleEste artículo ha sido publicado en la revista Ecosostenible.



Leer más:  RSE.- Las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales | Diario Responsable  http://www.diarioresponsable.com/portada/destacados/16674-las-lineas-directrices-de-la-ocde-para-empresas-multinacionales.html#rQL6OlfEpK2qYutW
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biocombustibles, Panamá

Desde el 1 de septiembre la gasolina de 91 y 95 tendrá etanol

06 de agosto
10:27
Desde el 1 de septiembre la gasolina  de 91 y 95 tendrá etanol

La gasolina estará mezclada con etanol./Foto:ILUSTRATIVA

Redacción/WEB

El Secretario Nacional de Energía, Vicente Prescott, anunció hoy en Telemetro Reporta  que a partir del domingo 1 de septiembre las gasolinas de 91 y 95 octanos deberán contener como parte de su fórmula un 5% de etanol.

Con el  uso de este biocombustible se busca reducir la dependencia del petróleo, destacando que el uso de etanol  en la gasolina de 91 y 95 octanos será inicialmente de un 5% hasta llegar al   10%.

Prescott manifestó que no se  tiene informe de daños a los vehículos por el uso del etanol además explicó  que los fabricantes de autos han adaptado el motor y otros sistemas para esta clase de biocombustibles.

Campos de Pesé S.A., empresa del grupo Alcoholes del Istmo, es la compañía que ya está produciendo el etanol y  las compañías distribuidoras de petróleo que son unas cuatro han informado que están listas para realizar la mezcla de combustible junto con etanol.

Prescott Manifestó que los vehículos que tengan menos de 20 años no deben presentar ningún problema con esta mezcla además la mezcla de gasolina etanol no presentará efectos negativos sobre el vehículo. 
El secretario de Energía explicó que el etanol tiene una característica de darle mayor octanaje al combustible lo que le dará una mejor salida al vehículo.
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biocombustibles

Los biocombustibles impulsan el campo

Última actualización - 10:55 am

Cuando se habla de biocombustibles se nombra el fruto de la palma de aceite, la caña de azúcar, el empleo rural con salarios bien remunerados en regiones con pocas alternativas económicas, diversificación de la canasta energética, de ayudar al medio ambiente, de reducciones de gases efecto invernadero en más del 74 por ciento, paliando en algo el desorden climático.

Cuando se habla de paz, se habla de reformas al esquema agrario que nos ha regido durante tanto y tiempo y que adolece de fallas protuberantes, de buscar alternativas sostenibles para los campesinos, se habla de la vocación agrícola del país, de la riqueza de nuestros suelos, de la importancia de la agroindustria, porque es bien claro que con los cultivos de 'pancoger' no vamos a lograr disminuir el índices de pobreza, ni vamos a generar bienestar social y desarrollo rural.

Sin duda, la agroindustria apalanca la capacidad de producción del campo, le ofrece transferencia de tecnología para mejorar su productividad y así ser más competitivos. A pesar de que en esto todavía estamos en pañales, la agroindustria es un gran motor de desarrollo rural, como se ha demostrado en tantos países.

Los biocombustibles se impulsaron en Colombia para generar empleo en el campo, desarrollo rural y mejor medio ambiente, para diversificar nuestra canasta energética y contribuir a la paz, para lo cual se expidió el documento Conpes 3510 'Lineamientos de política para promover la producción sostenible de biocombustibles en Colombia', en marzo de 2008, una especie de mapa de rutas que ha gobernado el sector en los últimos cinco años.

Por ello, resulta contradictorio pensar que el Gobierno esté hablando de paz y agro y, a su vez, esté pensando en desestimular esta agroindustria, que hoy genera empleo a más de 82.000 familias, que le ha permitido a los pequeños cultivadores tener una remuneración digna, haciéndolos gestores de un nuevo porvenir para ellos y sus regiones.

Estamos seguros de que el Gobierno conoce cómo esta agroindustria contribuye a mejorar los índices de desigualdad del poder adquisitivo en las regiones, que sabe a ciencia cierta que estamos presentes en ocho departamentos (Cesar, Magdalena, Atlántico, Santander, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Meta), generando bienestar e impulsando así el crecimiento de todo el territorio.

Si el Gobierno Nacional va a tomar acciones para beneficiar a los colombianos, y está pensando en dar los cimientos adecuados para la paz, afianzándose en el desarrollo agrario y la restitución de tierras, está llamado dentro de su coherencia a buscar locomotoras en este sentido.

Por esto, lo invitamos a que detenga su mirada en los biocombsutibles, porque es el momento de cosechar sus frutos por el bienestar de Colombia. Este sector es del agro y para el agro, fue creado para generar paz, para diversificar la canasta energética de Colombia, para impulsar el campo y llevar alternativas productivas a los lugares más apartados del país.

Ya están puestas las primeras piedras, ahora es necesario seguir construyendo y hacer que más campesinos y regiones de Colombia se sumen a ella.

Jorge Bendeck

Presidente de Fedebiocombustibles

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colusión

Análisis económico

Colusión: Ahora las petroleras

Roberto Meza Lunes 5 de agosto 2013 - 13:02 hrs. |  5

petrolera

El costo de la energía sigue siendo, empero, un problema para la producción nacional, pero especialmente para los automovilistas. Recién iniciado agosto, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que el precio de los combustibles experimentaría alzas de hasta sobre $18 el litro, pese a la morigeración tributaria que posibilita el Sipco.

 Claves: 

La actividad económica chilena mostró un crecimiento de 4,2% durante junio, de acuerdo a cifras preliminares entregadas por el Central, superando las expectativas privadas y de especialistas que estimaban un crecimiento de entre el 3% y 4% y no obstante que el mes registró un día hábil menos que junio de 2012. De acuerdo al instituto emisor, en el resultado incidió, principalmente, el dinamismo del consumo interno y las actividades mineras y comercio.

En ese marco, el dólar ha seguido operando en el país por sobre los $510, llegando hasta los $517 como máximo del año, presionado a la baja también por un valor del cobre que viene de baja, producto de la ralentización de China y que se ubica cerca de los US$ 3,1 la libra. El sector industrial, en tanto, muestra decrecimiento, presionado por alzas de costos, entre ellos, la energía basada en derivados del crudo y que en estas empresas impacta entre 10% y 15% de sus costes. Según el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, este comportamiento es consistente con una desaceleración prevista, aunque moderada, que ha seguido creando empleos, gracias a la generación de más de 200 mil empresas en los últimos tres años.

El costo de la energía sigue siendo, empero, un problema para la producción nacional, pero especialmente para los automovilistas. Recién iniciado agosto, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que el precio de los combustibles experimentaría alzas de hasta sobre $18 el litro, pese a la morigeración tributaria que posibilita el Sipco.

Explicando, la estatal dijo que durante el período de referencia (15 al 26 de julio) en el mercado de la Costa del Golfo (WTI) subieron los precios de los derivados del petróleo, en tanto que el del crudo Brent ha bajado levemente, al rango US$ 107-108 por barril. Y aunque el alza estacional de la demanda asociada a la temporada veraniega del Norte (gasolina, diesel vehicular y kerosene de aviación) ha sido un factor de alza, también pesa el repunte de la economía estadounidense.

Como componentes políticos están presentes también las tensiones en Siria y Egipto, desde inicio de 2011, cuando comenzó a bifurcarse el precio del WTI, relevante para Chile, del Brent europeo. Y pese a que EE.UU. ha lanzado un nuevo duro competidor del petróleo, el gas de esquisto, y que China ha seguido desacelerándose, el valor del crudo Brent no ha roto el piso de los US$ 100 el barril, cuando, según diversos análisis debería estar a US$ 80. Y de acuerdo a especialistas, con un dólar a la baja, por exceso de liquidez, más el descubrimiento de gas de esquisto en EE.UU. (equivalente a las reservas petroleras de Arabia Saudita) y recientes hallazgos de petróleo en Australia (233 mil millones de barriles), deberían hacer bajar el precio del WTI a nivel de US$ 60 dólares.

Pero aquello no ha ocurrido. ¿Por qué? En mayo recién pasado la Comisión Europea detectó otra colusión, ahora entre grandes petroleras, para manipular el valor del crudo, un mercado que mueve US$ 3,4 millones de millones al año (unas 11 veces el PIB de Chile). Las mega compañías petroleras Royal Dutch Shell, British Petroleum y StatOil son investigadas por la Comisión Europea debido a denuncias formales de que inflaron sus costos de producción, afectando toda la cadena vinculada al recurso y creando una enorme distorsión de precios. La dislocación de los valores del petróleo afecta a toda la producción industrial, ocasionando serios daños a la competitividad general de la economía mundial, razón por lo que se espera que la investigación llegue "hasta las últimas consecuencias", tal como lo declaró el premier británico, David Cameron.

El nuevo escándalo en la UE es sólo comparable al caso de manipulación de la tasa Libor, en la que se encontraron culpables de fraude y conspiración a bancos como Barclays, UBS, HSBC, Rabobank y City, entre otros. Pero si las expectativas de los agentes económicos -que analizan las cifras proyectándolas según un funcionamiento normal y sin considerar fraudes ni conspiraciones contra el mercado- son correctas y el petróleo baja a los niveles estimados, será una gran noticia para la ralentizada actividad mundial. Una baja de costos en esta área permite más actividad a millones de productores que compiten lealmente en los mercados.

La denuncia de estas inaceptables prácticas, reñidas con la libre competencia, protagonizadas por compañías que debieran ser ejemplos de creatividad, productividad e innovación, generan en la ciudadanía el mismo efecto devastador respecto del modelo de libertades, que el que ha suscitado entre los católicos la pedofilia entre algunos de sus sacerdotes. Resulta, pues, incomprensible, que estos conglomerados actúen de un modo en que, finalmente, ponen en peligro sus propios intereses estratégicos.

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