Tendencia peligrosa
Raúl Bertelsen R. | Sección: Política, Sociedad
Hace poco se interpuso una acusación constitucional contra el ministro de Salud, está pendiente ahora una solicitud de remoción del fiscal nacional y se anuncia la presentación de una acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema.
Todas, debidas a la iniciativa de parlamentarios que invocan la infracción de un deber constitucional y que representa una causal de cesación en el cargo del afectado.
Infringir la Constitución o las leyes, o dejar estas sin ejecución, son causales de acusación para los ministros de Estado; negligencia manifiesta en el ejercicio de las funciones propias del fiscal nacional, y notable abandono de los deberes, única causal de acusación constitucional contra los magistrados de los tribunales superiores de justicia, son todas ellas conductas graves, jurídicamente reprochables, que cometidas por los titulares de los respectivos órganos autorizan su destitución luego de un debido proceso.
Nada de ello ha ocurrido, sin embargo, en los casos que nos ocupan. Solo existe una discrepancia de grupos de diputados con la actuación de una autoridad independiente, como son los magistrados de los tribunales superiores de justicia; autónoma, cual es el fiscal nacional que encabeza el Ministerio Público, o de la exclusiva confianza del Presidente de la República, que es lo que sucede con los ministros de Estado en Chile.
Es comprensible que los diputados no estén de acuerdo con todas las decisiones de un ministro de Estado, pero no les corresponde en un sistema presidencial de gobierno censurarlos; tampoco la discrepancia con las actuaciones del fiscal nacional autoriza calificarlas de negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, y el desacuerdo con una sentencia, cuyos fundamentos o contenido jamás pueden ser revisados por el Presidente de la República o el Congreso Nacional, puede servir para fundamentar una acusación constitucional.
Estamos, pues, ante una tendencia, o, si se quiere, tentación política gravísima, que invocando la infracción de un deber constitucional del acusado a quien no se puede remover por parte de los parlamentarios, se les busca condenar por ilícitos que no han cometido y así destituirlos. Hacerlo es un abuso de poder impropio de un Estado de Derecho.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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