Extremadura, primera Comunidad con una Ley de RSE
Extremadura prevé contar después del verano con una Ley de Responsabilidad Social Empresarial. El documento pretende establecer "otra manera de gestionar la empresa, en el sentido de que no atienda estrictamente al beneficio, sino también a la implicación con la sociedad", según señaló el director general de Trabajo del Ejecutivo autonómico, Juan Manuel Fortuna, con motivo de un curso de verano organizado por la Universidad de Extremadura.
Fortuna indicó que el anteproyecto de Ley ya ha pasado los "trámites e informes correspondientes" y que se espera que próximamente entre en la Asamblea como Proyecto de Ley.
La futura Ley incluirá diferentes acciones formativas y divulgativas destinadas a los responsables de las empresas. Además, la Junta de Extremadura baraja la idea de poner en marcha un sello propio que identifique a las compañías socialmente responsables.
Desde la Junta, se ha indicado que la previsión es que las dos normativas sean aprobadas por el Parlamento extremeño en el segundo semestre del año.
Presentado ante los agentes sociales y económicos
Además, la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, se reunió el pasado día 7 en Mérida con representantes de UGT, CCOO, y de la Creex para presentarles el anteproyecto de ley de Responsabilidad Social Empresarial.
Desde la Junta, se ha indicado que la previsión es que las dos normativas sean aprobadas por el Parlamento extremeño en el segundo semestre del año.
El anteproyecto cuenta con el pronunciamiento favorable del Consejo de Gobierno. El texto está pendiente del informe del Consejo Económico y Social para que emita su dictamen.
El proyecto normativo se ajusta a las características del tejido empresarial extremeño, constituido básicamente por pequeñas empresas.
La declaración de empresa socialmente responsable implicará una evaluación que realizará el propio empresario, donde definirá los elementos de responsabilidad social que predominan en su empresa.
Asimismo, Lucio ha explicado que esta calificación conllevará beneficios de distinta índole; ayudas, beneficios fiscales, y será un criterio a tener en cuenta en la adjudicación de contratos. Además, señaló que el anteproyecto de ley promueve la RSE en la propia Administración Pública.
Fuentes: Expansión y Regiondigital.com
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