OPINION INTERNACIONAL La responsabilidad social de las empresas debe ser regulada internacionalmente Gunhild Orstavik
IPS
Durante las últimas décadas el ritmo acelerado y la extensión de la globalización han creado un sistema capitalista internacional en el cual las grandes compañías multinacionales parecen sumamente interesadas en fomentar los monopolios. Ello afecta a todos los estados y a las compañías nacionales. El capital, los trabajadores, la tecnología y otros recursos están, a un ritmo que se incrementa gradualmente, siendo transferidos de acá para allá entre aquellos lugares geográficos que ofrecen las mayores ganancias en cualquier momento.
Muchos países carecen de competencia y de capacidad para controlar esta situación a fin de proteger a sus ciudadanos y los intereses públicos. En consecuencia, se ha registrado una acumulación de poder económico y político en grandes compañías y consorcios financieros, así como un debilitamiento del desarrollo sostenible y de los derechos humanos y en particular de los derechos laborales.
No obstante la resolución de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002 en Johannesburgo, que instaba a establecer un marco obligatorio sobre la responsabilidad social empresarial, los políticos no han tomado las medidas necesarias para regular el impacto negativo de la rápida globalización económica.
Por ejemplo, en Noruega tenemos varios casos de empresas que muestran escaso respeto de la responsabilidad social. En el ámbito nacional tenemos una serie de medidas para regular y sancionar comportamientos empresariales indeseables. En cambio, las compañías noruegas que operan en países con normas débiles o sin reglamentación para las empresas extranjeras el cumplimiento de la responsabilidad social queda librado a su propia valoración ética.
No hay hoy en día acuerdos internacionales que regulen eficazmente las actividades de las corporaciones, aunque las Naciones Unidas están trabajando para establecerlos. Entretanto, la ONU alienta a los estados a elaborar pautas nacionales. Noruega, tras una fuerte batalla política, ha establecido pautas éticas para las inversiones extranjeras del Fondo de Pensiones de la administración público, el mayor fondo de pensiones del mundo.
Las Pautas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para las Empresas Multinacionales constituyen hasta el presente el único marco internacional para la responsabilidad social de las corporaciones que pone obligaciones al Estado. El objetivo es resolver reclamaciones por medio de organismos denominados Puntos de Contacto Nacionales que los Estados integrantes de la OCDE están obligados a establecer. Empero, hasta ahora no hay perspectivas de que esos Estados quieran verdaderamente aplicar sanciones a quienes infrinjan aquellas pautas. En 2005 el Punto de Contacto Nacional de Noruega recibió su primer caso. El Foro Noruego para el Ambiente y el Desarrollo (ForUM) acusó a Aker Kvaerner de falta de respeto por los derechos humanos en relación a un contrato con la base estadounidense de Guantánamo. Después de dos audiencias, el Punto de Contacto Nacional resolvió respaldar la acusación, pero no tiene manera de sancionar a Kvaerner.
El Convenio Global de la ONU (UNGC) contiene 10 principios. La calidad de miembro del UNGC se alcanza si una empresa se compromete a respetar y promover esos principios, pero se trata de una asociación voluntaria.
Muchos países han intentado fomentar la responsabilidad social empresarial por medio de diversas medidas. La institución noruega de investigación FAFO se ha ocupado de la conexión entre el sector privado y los conflictos y ha delineado la aplicabilidad de la ley penal nacional en conexión con las actividades de las compañías privadas en el extranjero. Esas son cuestiones legales complejas que cubren áreas nacionales e internacionales y que reciben distinto tratamiento en diferentes países. Las leyes existentes hacen posible intervenir cuando una empresa es acusadas de violar la legislación internacional. Hay pocos tribunales actuantes en esta área, pero esta situación está cambiando dado que tanto las autoridades como los grupos de defensa de los derechos humanos utilizan las posibilidades ofrecidas por las leyes existentes. Recientemente un comerciante holandés fue sentenciado a 15 años de prisión por haber vendido gas venenoso al régimen de Sadam Husein.
El objetivo de ForUM es el establecimiento de pautas internacionales legalmente obligatorias con mecanismos para aplicar sanciones. Esto aumentaría la presión sobre los peores transgresores que no han sido influenciados por el Convenio Global de la ONU ni por las Pautas de la OCDE u otras iniciativas voluntarias para cambiar su comportamiento y que por varias razones no han sido sancionados penalmente. En la ONU debería seguirse trabajando prioritariamente en este sentido y al mismo tiempo los Estados deberían idear pautas nacionales. Cuantos más países tengan pautas nacionales para la responsabilidad social de las empresas, mayor será el impacto positivo sobre el ambiente global y los problemas del desarrollo. (FIN/COPYRIGHT IPS)
* Gunhild Orstavik es asesora del Foro Noruego para el Ambiente y el Desarrollo (ForUM)
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