09 de Septiembre de 2009 - 15:49:22 por jose angel moreno izquierdo
Una de las dimensiones esenciales de la flagrante irresponsabilidad que está en la base de la actual crisis financiera es el ocultamiento e incluso el falseamiento de información por muchas entidades. No es extraño, por eso, que se hayan multiplicado los llamamientos de todo tipo (de organismos internacionales, de firmas consultoras, de expertos, de ONG e incluso de instancias públicas) reclamando una mayor transparencia en las entidades financieras y, en general, en las empresas. Y muy especialmente, por supuesto, en las de gran dimensión (que son las que más daño causan con el oscurantismo o la falsedad).
Una transparencia, además, que no sólo puede limitarse ya a la información financiera y de gestión habitualmente obligada por ley. Tanto el mercado y los poderes públicos como la sociedad civil necesitan una información rigurosa, objetiva, comparable, evaluable y asequible de todos los riesgos que las grandes empresas asumen en su gestión y de todos los impactos que generan o pueden generar en todas las vertientes. No sólo los de carácter económico-financiero, sino también todos aquellos que deben recoger los llamados informes o memorias de responsabilidad social o sostenibilidad: los impactos en los clientes, suministradores y empleados, en los Derechos Humanos, en el medio ambiente, en los niveles de corrupción y fraude, en la calidad de vida general y un largo etcétera. Porque en todas esas vertientes la incidencia de la empresa (y sobre todo de la de gran dimensión) tiene una importancia incuestionable. Una importancia, no lo olvidemos, también económica: porque se trata de una información que puede afectar significativamente al mercado.
Tanto es así que son cada vez más numerosos los que consideran que un asunto tan grave no puede dejarse al albur de la voluntariedad de las empresas. Desde luego, la RSE es algo eminentemente voluntario. Pero no todos los elementos que la componen pueden ser de cumplimiento libre: la ley no puede dejar de fijar ciertos mínimos (que una empresa responsable puede y debe superar) en aspectos fundamentales (totalmente asumidos en no pocos casos). Muchos pensamos que la transparencia informativa sobre todas las implicaciones de la empresa es uno de ellos: la sociedad necesita saber a dónde la están conduciendo las empresas con sus decisiones y en qué niveles de riesgo global la están colocando.
Y quizás también como consecuencia de la crisis, ya no son sólo personas u organizaciones suspicaces con la empresa quienes lo reclaman. En este mismo Diario responsable se hacía eco recientemente su Director de cómo un grupo relevante de grandes inversores ha pedido a la SEC (la institución reguladora de los mercados bursátiles de Estados Unidos) que los informes sobre cuestiones sociales, ambientales y de gobierno corporativo sean de carácter obligatorio para las empresas cotizadas. Y no por ningún afán de escrutinio crítico, sino porque son conscientes de que se trata de una información absolutamente crucial para calibrar la calidad integral de las empresas (y, por tanto, la calidad de las inversiones).
Pero no debería bastar con la exigencia legal de informar públicamente sobre estos aspectos. Hace falta además garantizar que la información sea veraz, completa y comparable.
Reiterando ideas que ya he señalado más de una vez, creo que es algo que exige una cierta intervención de los poderes públicos (que, por supuesto, debería coordinarse a nivel internacional). En primer lugar, para imponer un determinado nivel de estandarización que posibilite la comparabilidad, que facilite un mejor conocimiento y que permita una evaluación relativa de los contenidos de los informes de RSE.
Pero también para controlar con rigor la veracidad (en la letra y en el espíritu) de esos contenidos, porque no debería permitirse que las empresas no recojan ellos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad: lo que me temo muy mucho que no siempre hacen. Y, como ya sucede (y a nadie extraña) con la información financiera y contable básica, debería considerarse un delito (penalizado) no hacerlo.
Un control, a su vez, que debería conducir también a que fuese legalmente obligatoria la verificación de los informes de RSE por un agente externo cualificado (y acreditado públicamente) e independiente y que esa verificación sea lo suficientemente exigente (y regulada) como para asegurar una absoluta credibilidad y un sólido nivel de transparencia.
Y hay aquí mucho de lo que se debería empezar a hablar con seriedad: porque ni la independencia de las agencias verificadoras está asegurada cuando están pagadas por las empresas verificadas y son proveedoras habituales suyas (por altas que sean las barreras formales que se establezcan entre la auditoría y los restantes servicios) ni las verificaciones que se realizan son lo suficientemente exigentes y completas como para garantizar plenamente que los contenidos de los informes son ciertos y los datos que presentan están elaborados con los adecuados criterios de objetividad y rigor. Y mucho menos para garantizar (ni siquiera cuando se utiliza la norma AA1000 -sin duda, muy positiva, pero casi siempre utilizada de forma muy parcial-) que esos contenidos responden realmente a lo que los grupos de interés de cada empresa quieren que se explique prioritariamente.
Cierto es que son también firmas privadas y frecuentemente proveedoras de las empresas las que auditan sus estados financieros y contables, pero en este caso tanto la estructura como los pormenores de la información, sus procedimientos de elaboración y la propia forma de la auditaría están perfectamente detallados por la ley (y por normas acordadas por los gobiernos a nivel internacional), como también lo están tanto la responsabilidad de falsedad de la información como la responsabilidad del auditor. Creo que ése debería ser también el camino en la información de RSE, por mucho que en este ámbito la reglamentación resulte ciertamente mucho más compleja: pero también es mayor el margen para el engaño.
En definitiva, aspectos todos que, en mi modesta opinión, requieren ineludiblemente abrir la puerta a la regulación estatal en este campo: porque es imprescindible dotar a la sociedad y al mercado de instrumentos sólidos para la confianza y porque desconfío de que esos instrumentos puedan conseguirse sin la intervención pública. Por eso, coincido plenamente con Ramón Jáuregui en que "la pregunta importante no es si los informes de sostenibilidad deben ser obligatorios por Ley, sino qué debe exigir la Ley en dichos informes"
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CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
Diplomado en Gestión del Conocimiento ONU
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