martes, noviembre 24, 2015

CALENTAMIENTO GLOBAL #RSE

RICHARD BRANSON Y PAUL POLMAN INSTAN A LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO A CONSEGUIR EN LA COP21 UN OBJETIVO CLIMÁTICO A LARGO PLAZO

Los líderes empresariales exigen a los gobiernos un acuerdo global sobre el clima


17/11/2015 08:33:10 Un grupo formado por 22 líderes de opinión del mundo de la empresa y de la sociedad civil, entre los que se encuentran Richard Branson y el CEO de Unilever, Paul Polman, han firmado una carta dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno en la que solicitan que en la próxima Cumbre del Clima que se celebrará en París se alcance el compromiso de lograr cero emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050.

Según pública BusinessGreen, los firmantes de la carta aseguran que "sabemos que el objetivo es ambicioso, pero la ambición es la que va a generar el impulso global". "La ciencia, los costes económicos y los riesgos sociales del cambio climático son cada vez más claros. Tenemos la seguridad de que un objetivo a largo plazo, en París, debe ser una prioridad urgente".

La carta está liderada por la coalición The Team B, una iniciativa internacional sin ánimo de lucro co- fundada por Richard Branson, fundador de Virgin Group, y Jochen Zeitz, director de Harley-Davidson, que reúne a ejecutivos internacionales y líderes empresariales con el objetivo de hacer mejor los negocios.

"Ahora es el momento de que los líderes mundiales tomen una postura y la COP21 es esta oportunidad", ha afirmado Branson en un comunicado, recogido por BusinessGreen. "Los gobiernos deben unirse y firmar un acuerdo global de gran alcance y jurídicamente vinculante para luchar contra el cambio climático y crear un impacto duradero en el tiempo".

Medio Ambiente: Cambio climático
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Rodrigo González Fernández
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tecchile: REVOLUCIÓN DIGITAL Y FUTURO DE CHILE

REVOLUCIÓN DIGITAL Y FUTURO DE CHILE

Abundando en lo escrito por el Ex Presidente Sebastián Piñera respecto a la nueva revolución tecnológica, esta afectará a Chile en aspectos muy sensibles. Que el efecto sea negativo o positivo para el país dependerá de que exista una Agenda Digital de Estado dentro de la agenda política y económica, y de cómo reaccione el empresariado, la academia y el Estado.

Según el Mc Kinsey Global Institute, para el año 2025 una docena de tecnologías emergentes tendrán un impacto económico en el mundo de hasta 2,5 veces el PGB de Estados Unidos. Dicho efecto es corroborado en varios otros informes y papers de organismos tan prestigiosos como el Foro Económico Mundial, la OCDE, la CEE, o la ONU. No hay forma posible en que eso no afecte al aparato productivo del país, a la Sociedad y al Estado. Y diez años son nada en términos de planificación macroeconómica.

Chile enfrenta un enorme desafío ante la destrucción de puestos de trabajo amarrados a formas de producción que serán rápidamente reemplazadas por las nuevas tecnologías, las que a su vez crearán puestos de trabajo para los cuales no hay mano de obra cualificada en este momento. Las actuales discusiones sobre la reforma laboral y la reforma educacional harían bien en incluir este factor, que puede hacernos perder el gran avance que ha tenido Chile en los últimos 25 años.

Es momento de pasar de los discursos a la acción - y esta, disruptiva. Las prioridades son:

  1. Institucionalidad: crear Ministerio de Ciencia y Tecnología, absorbiendo lo que hoy es CORFO Innovación, Conycit y el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad

  2. Infraestructura: todos en Chile con acceso a Internet y un dispositivo

  3. Marco jurídico: actualizar todo el cuerpo legal en lo que afecta a nuevos paradigmas

  4. Educación:

    • Modificación de malla curricular y metodología de enseñanza

    • Incentivos a carreras del conocimiento, con mayor financiamiento del Estado, para crear los profesionales que necesitaremos en los próximos 50 años y a la vez evitar un mayor "paro ilustrado" estructural

  5. Innovación: foco en Energías Renovables No Convencionales. Por una vez, que además de poner recursos naturales pongamos valor agregado industrial alrededor.

  6. Trabajo: SENCE especial orientado a habilidades siglo 21

Si no hacemos cambios disruptivos pronto, retrocederemos lo avanzado en los últimos 25 años, perderemos competitividad y nos empobreceremos, generándose un clima social inestable, y sin recursos para hacerle frente. Este es un proyecto transversal, y el caso es que ya hay un amplio consenso dentro de quienes están en esta actividad, independientemente de sus ideas políticas. Pero no está entre las prioridades: ni del Gobierno, ni del poder legislativo, ni del empresariado, ni de la academia. No hay conciencia de lo crucial que es comenzar a tomar medidas ahora mismo. Esperemos que el llamado del Presidente Piñera tenga más eco del que tuvo después de su publicación.

 
Escrito por: Alfredo Barriga
Consultor en Estrategia Digital e Innovación




































































































Fuente:avanzachile

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viernes, noviembre 20, 2015

DESDE QUEPASA.CL: EL ESCANDALO - CORRUPCION ANFP Y JADUE

El paraíso de Sergio Jadue

La abrupta salida del presidente de la ANFP y su viaje a Estados Unidos tenían una explicación: una sociedad offshore en Islas Vírgenes vinculada a su nombre y gestionada por la empresa de asesorías de inversión Amicorp, cuyas pistas ya están en manos de la justicia estadounidense.

LEE TAMBIÉN: CÓMO SE FABRICÓ JADUE

SERGIO JADUE: DURÓ DEMASIADO

LAS CLAVES PARA ENTENDER AL FÚTBOL CHILENO ANTES Y DESPUÉS DE SERGIO JADUE

LA RED DE CORRUPCIÓN DESCABEZA AL FÚTBOL SUDAMERICANO

Por David Muñoz y Javier Rodríguez // Foto: ARI - Archivo Noviembre 19, 2015

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El FBI le cayó encima. Tal como lo hizo con toda la plana mayor de la Conmebol, el ente rector del fútbol sudamericano. La investigación de la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, detectó hace varios meses en sus pesquisas del mundialmente famoso caso de corrupción en la FIFA, un movimiento inusual de dineros vinculados a Sergio Elías Jadue Jadue (36).

Según información recopilada y confirmada por Qué Pasa, el ex presidente de la ANFP había creado durante su mandato un vehículo jurídico conocido en el mundo financiero como "sociedades offshore" en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, desde donde manejaba hasta hace poco grandes sumas de dinero. Las operaciones fueron realizadas a través de Amicorp, una empresa dedicada a las asesorías de inversiones y con presencia en más de 40 países del mundo. Jadue les habría justificado el dinero como pagos por sus funciones como vicepresidente de Conmebol. El dinero nunca pasó por Chile.

Las sospechas apuntan directamente a la cifra de 1,5 millones de dólares que, según la misma revelación de la fiscal estadounidense, habrían sido pagados, entre junio y septiembre de 2013, como sobornos a cada una de las siete federaciones del organismo a cambio de los derechos de todas las versiones de la Copa América hasta 2023. Se trata de la pieza ausente del rompecabezas más difícil que le ha tocado armar a la opinión pública chilena en el último tiempo.

Mientras Martín Cáceres, lateral izquierdo, anticipaba a toda la defensa chilena y anotaba el 3-0 con el que Uruguay firmaba la derrota más dura en cancha de la selección chilena desde que Jorge Sampaoli asumió como su entrenador, Sergio Jadue iba camino al aeropuerto de Santiago para tomar el vuelo LAN 500 a las 22.35 horas rumbo a Miami. Partía, según él, de vacaciones junto a su familia, dándoles la razón a los que lo acusaban y abriendo una ola de especulaciones sobre su intempestiva salida, entre las que se asomaba una sola verdad: se trataba del fin de su reinado de cinco años en la ANFP.
—¿Se siente traicionado por algún dirigente?— le preguntó un periodista de Canal 13.
—¿Sólo por uno?­­— respondió Jadue con ironía.

EL LARGO BRAZO DEL FBI

Lo que no dijo fue que partía a la capital del estado de Florida a entregarse al FBI para participar en la investigación de la fiscal Lynch.

Según ha trascendido, a Jadue lo fueron a buscar directamente al avión, pues se habría acogido a la figura de "colaboración eficaz", que implica que un acusado puede optar a una rebaja en su eventual condena.

La misma información señala que en esa ciudad se instalaron físicamente los investigadores para cerrar el círculo que se abrió el 27 de mayo pasado, cuando la fiscal general norteamericana dio una conferencia de prensa donde reveló el complejo entramado de corrupción que hizo caer a la plana mayor del fútbol sudamericano y que incluso golpeó al número uno de la FIFA, Joseph Blatter.

El peso de la justicia estadounidense cayó entonces sobre el presidente saliente de Conmebol, Nicolás Leoz; su presidente en ejercicio, el uruguayo Eugenio Figueredo, además de los presidentes de las federaciones de Brasil y Venezuela, José María Marín y Rafael Esquivel, quienes fueron acusados de recibir pagos de sobornos por parte de las empresas Datisa y Traffic por los derechos de transmisión de la Copa América, como consigna el informe de la fiscal Lynch en el punto 249, además de acordar otros 20 millones en total por cada edición de la Copa hasta 2023.

El brasileño José Hawilla, propietario de la empresa de marketing deportivo Traffic, confesó haber pagado US$ 1,5 millones a cada una de las siete federaciones del fútbol sudamericano —cuyos nombres no se informaron entonces—, además de US$ 3 millones a los directivos de Argentina, Brasil y el presidente de la confederación, Eugenio Figueredo.

La investigación avanzó los meses siguientes y, uno a uno, los empresarios y dirigentes comenzaron a colaborar con la indagatoria a medida que la destreza del FBI comenzaba a cercar a los involucrados.
Figueredo, Marín y el dueño de Datisa, Alejandro Burzaco, también terminaron colaborando, obteniendo distintos beneficios. El primero aceptó ser extraditado a Uruguay desde Zúrich, donde estaba preso desde el 27 de mayo. Esta semana se confirmaba si Estados Unidos retiraba su solicitud de extradición para que regrese a su país. Marin, por su parte, fue extraditado a Estados Unidos desde la misma ciudad y Burzaco compareció a finales de julio ante las autoridades en Nueva York, pagando US$ 20 millones de dólares para quedar con arresto domiciliario.

En septiembre pasado, Lynch anunció públicamente que correría el cerco y que individualizaría al resto de los sospechosos, lo que hizo crecer la idea de que, inevitablemente, las garras de la justicia estadounidense llegarían hasta el fútbol chileno.

Es conocido que la legislación norteamericana contempla beneficios importantes para quienes colaboran con la investigación y delatan al resto de los imputados, lo que habría convencido semanas antes al dirigente colombiano Luis Bedoya de renunciar a su federación y viajar a Estados Unidos para entregarse y negociar con los perseguidores.

La situación de Bedoya fue calcada a la de Jadue y habría terminado acelerando el final de este último: tras su renuncia por "motivos personales", en Colombia desconocen su paradero y se especula con que se habría entregado a la fiscal Lynch ya que viajó a Nueva York el 4 de noviembre pasado junto a su mujer. Paradójicamente, Jadue viajó cuatro días después presumiblemente al mismo destino, con escala en Sao Paulo. Hasta ese minuto, ambos formaban el selecto grupo de dirigentes no alcanzados por las pesquisas, junto a Luis Chiriboga, de Ecuador, y Juan Ángel Napout, de Paraguay.

LAS CONTRADICCIONES EN QUILÍN

Este miércoles, cuando ya todos daban por hecho la renuncia de Jadue, la ANFP citó a los medios a una rueda de prensa donde el presidente interino, Jaime Baeza, intentó explicar, sin mucho éxito, la convulsionada situación al interior del organismo. El principal dato que entregó el nuevo presidente era que Jadue ya estaba fuera.

Las sospechas apuntan directamente a la cifra de 1,5 millones de dólares que habrían sido pagados, entre junio y septiembre de 2013, como sobornos a cada una de las siete federaciones del organismo a cambio de los derechos de todas las versiones de la Copa América hasta 2023.

Pero la ausencia del calerano comenzó a notarse varias semanas atrás, pues paulatinamente comenzó a faltar a sus actividades diarias, como el propio Mundial Sub 17 que se jugaba en Chile con autoridades de la FIFA en el país.

En esos días Baeza, junto a Antonio Martínez, comenzaron a tomar las riendas de la ANFP: negociaron los premios con los jugadores de la selección chilena, tarea de la que el ex presidente de Unión La Calera se encargaba personalmente y para la que el capitán de la selección, Claudio Bravo, tenía línea directa. Dicen que el lunes 9 de noviembre, Jadue llegó a Juan Pinto Durán a la concentración de la Roja sólo a poner la firma.

En la rueda de prensa, sin preguntas, Baeza contó que el jueves de esa semana el directorio, tras el regreso de Jadue al país desde un sospechoso viaje a Sao Paulo donde llegó declarando que no renunciaría atribuyendo todo a una operación en su contra, le solicitó una reunión extraordinaria para aclarar "las interrogantes que circulaban respecto de los hechos investigados por la Fiscalía Norteamericana".

La junta se llevó a cabo y, según el texto que leyó Baeza, "el señor Jadue no dio respuesta ni aclaró las inquietudes planteadas, se le solicitó que diera un paso al costado por el bien de la industria y del fútbol chileno". Jadue se negó a renunciar y presentó un permiso de 30 días para considerar su situación (de acuerdo a lo permitido en el artículo 15 de los Estatutos de la Corporación), y a partir de ese momento "se alejó de cualquier función dentro de la ANFP, asumiendo quien les habla en calidad de presidente subrogante", detalló Baeza.

Según versiones al interior de la ANFP, Jadue le reconoció a los directivos que su situación era insostenible, que estaba negociando con la justicia americana. Les reveló que había viajado por lo menos tres veces a Nueva York en el último mes y que tenía todo planeado, confidencian en el organismo.

El directorio no estuvo de acuerdo con su petición y volvió a pedirle la renuncia, carta que recién se entregó este miércoles, cuando ya su avión aterrizaba en tierras norteamericanas.

Según otra versión, Jadue le reconoció a los directivos que su situación era insostenible, que estaba negociando con la justicia americana. Les reveló que había viajado por lo menos tres veces a Nueva York en el último mes y que tenía todo planeado, confidencian en el organismo.

Esta versión implica que la declaración de Baeza del miércoles sólo sirvió para ganar tiempo y revisar si Jadue actuó solo o hay más directivos implicados. Al interior de la ANFP señalan que el ambiente se corta con un cuchillo y las desconfianzas están a la orden del día. Las miradas están puestas sobre quienes eran los más cercanos al ex presidente, como los dirigentes Nibaldo Jaque, Mauricio Etcheverry y Óscar Fuentes.

Al menos, para los directivos, un dato es real: desde mayo pasado Jadue mantenía contacto con su abogado,José Pablo Forteza, quien ya lo había asesorado en 2012 cuando quiso demandar al presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Carlos Soto, por un conflicto con jugadores de Unión La Calera. El ex presidente de la ANFP recurrió a su abogado por este tema y otros flancos que mantenía abiertos: la denuncia del Ministerio de Justicia de que los sueldos que tanto él como otros cinco directores de la ANFP cobraban eran ilegales. Finalmente, el gobierno denunció las irregularidades y solicitó la devolución de losSALARIOS que, en el caso de Jadue, ascendía a 34 millones de pesos.

La situación es de máxima tensión en Quilín. Junto con la limpieza y la aclaración de todas las dudas que dejó el paso de Jadue por la administración de la ANFP, la dirección interina debe garantizar la elección de una nueva gerencia ad hoc que sea capaz de cumplir con dos tareas vitales para el futuro del fútbol chileno: el cierre de las negociaciones por el Canal del Fútbol (CDF) y la permanencia del seleccionador nacional, Jorge Sampaoli, y darle continuidad a su proyecto con miras a la Copa Confederaciones del próximo año y al Mundial de Rusia 2018 que, a diferencia del de Brasil, seguramente no tendrá a Sergio Jadue entre sus asistentes.

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TERRORISMO EN ARAUCANIA CHILE NO DA TREGUA Y GOBIERNO NADA HACE.

La violencia en La Araucanía no cesa: queman fundo de los Luchsinger

elEconomistaAmérica.com | Chile - 7:24 - 20/11/2015
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    El conflicto mapuche complica a La Araucanía y al Gobierno.

    Nuevamente la familia Luchsinger-Mackay fue víctima de un atentado en una de sus propiedades. fuerzas Especiales de Carabineros se desplegaron en el sector del fundo San Luis de Palermo, en la comuna de Vilcún en la región de La Araucanía, luego del atentado incendiario.

    La violencia en la región de La Araucanía parece no tener fin. La madrugada de este viernes se produjo un nuevo ataque incendiario en uno de los predios de la familia Luchsinger-Mackay, que ya perdió a dos de sus integrantes en un atentado anterior.

    El odio parece no tener fin en medio del conflicto mapuche que ya ha dejado varios predios quemados, camiones destruidos y que incluso ha cobrado vidas humanas como la del matrimonio Luchsinger-Mackay, que falleció en un incendio provocado intencionalmente.

    En esta oportunidad, el fuego se inició en un predio de Vilcún, que está ubicado cerca de una lechería.


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    miércoles, noviembre 18, 2015

    #COLUSION Cárcel efectiva para la colusión es discutida por la Sala

    Cárcel efectiva para la colusión es discutida por la Sala
    Los parlamentarios manifestaron su interés de refundir tres mociones que han sido trabajadas por las comisiones de Constitución y Economía, con un mensaje que viene de la Cámara Baja, que pretende fortalecer la defensa de la libre competencia.
    Publicado el: 17/11/2015

    Imagen foto_00000005Mediante tres proyectos en tabla, los congresistas presentes en la Sesión Ordinaria debatieron acerca de necesidad de sancionar con cárcel efectiva a aquellas personas que se coluden, considerando que las multas afectan a personas jurídicas y no naturales.

     

    En primer lugar, por unanimidad –35 votos-, la Sala aprobó el articulado del proyecto que sanciona penalmente la colusión (Boletín N° 6454-07), texto que fue estudiado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En este caso, la Cámara Baja deberá estudiar la propuesta dando lugar a su segundo trámite.

     

    Luego, se despachó con 18 votos a favor la norma que impone penas privativas de libertad a conductas constitutivas del delito de colusión (Boletín N° 9028-03). La propuesta fue revisada por los integrantes de la Comisión de Economía.

     

    Finalmente, se abrió la discusión del texto que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Economía en lo relativo al delito de colusión (Boletín N° 10.366-03) También esta iniciativa fue visada en general por la Comisión de Economía.

     

    Los legisladores manifestaron su interés de refundir estas mociones con el mensaje que viene de la Cámara Baja (ver nota relacionada "En que van las iniciativas que sancionan la colusión"). Esta norma que fija normas que fortalecen la defensa de la libre competencia (Boletín N° 9950-03) será analizada en los próximos días, por las comisiones de Constitución, Economía y Hacienda, en su caso.

     

    PROYECTO DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN

     

    El proyecto de ley, iniciado en moción de los senadores Alberto Espina, José García y Antonio Horvath y de los ex senadores Carlos Cantero y Andrés Chadwick, tiene por objeto reponer una sanción penal respecto de quienes se coludan para infringir las normas que resguardan la libre competencia, que fuera eliminada con motivo de la dictación de la ley que creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

     

    Contenido del proyecto:

     

    - Sanciona con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (de 3 años y un día a 10 años) al que celebre, ejecute u ordene celebrar acuerdos con uno o más de sus competidores, con la finalidad de fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados; limitar su producción o provisión; dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de licitaciones realizadas por empresas públicas, privadas prestadoras de servicios públicos, y órganos públicos.
    - Dispone que el tribunal determinará la sanción aplicable en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito, sin que la sanción definitiva pueda ser inferior o superior a la señalada por la ley al delito.
    - Establece que de proceder la aplicación de una pena sustitutiva, ésta quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad con la que fuere sancionado.
    - Beneficia con la rebaja en un grado de la pena que corresponda, al acusado que haya cooperado sustancialmente con la investigación. El que aporte a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes que conduzcan a la acreditación de las conductas de colusión señaladas y a la determinación de sus responsables, quedará exento de responsabilidad penal por estos hechos. (Delación compensada)
    - Dispone que las investigaciones de los hechos constitutivos de colusión, sólo podrán ser iniciadas por el Ministerio Público previa denuncia o querella de la Fiscalía Nacional Económica, lo que no inhibirá al Tribunal de Defensa la Libre Competencia para conocer o continuar conociendo y fallar las situaciones que sean de su competencia.
    - Sustituye la fórmula de determinación de la multa que se podrá aplicar en la sentencia definitiva, pasando de una suma fija expresada en UTA (hasta 30.000), a una cantidad equivalente de hasta dos veces el beneficio económico obtenido por el infractor, cuando aquel pueda ser determinado por el Tribunal. En caso contrario, ella corresponderá al 30% de las ventas del infractor en el período durante el cual haya perdurado su conducta ilícita.
    - Impone otras penas accesorias a quienes incurran en estas conductas de colusión, como las de inhabilidades para ejercer cargos de director, gerente o administrador de una sociedad que realice actividades comerciales; o la prohibición de contratar a cualquier título con órganos o empresas públicas.
    - Regula la acción de indemnización de perjuicios a que haya lugar, con motivo de la dictación por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de una sentencia definitiva ejecutoriada.

     

    EL DEBATE

     

    Imagen foto_00000004Durante la discusión hicieron uso de la palabra los senadores Alfonso De Urresti,José García RuminotAlberto EspinaEugenio TumaRabindranath QuinterosIván Moreira,Carolina GoicPedro ArayaHernán Larraín,Felipe HarboeJacqueline Van Rysselberghe,Guido GirardiAlejandro NavarroLily Pérez San Martín y Ricardo Lagos Weber. Al término de la votación intervino el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.

     

    DE URRESTI

    "En la Comisión de Constitución hemos hecho un exhaustivo estudio del proyecto realizando diversas sesiones. Los coludidos son personas educadas que se burlan de la legislación, por lo que queremos llevar a efecto una dura persecución penal. Los cambios que realizamos son varios, por ejemplo, respecto a las multas y el cumplimiento de cárcel efectiva".

     

    GARCÍA RUMINOT

    "Este proyecto lo que se hace es subir la penalización a los actos que impiden la libre competencia, lo que generan graves daños a los consumidores, sobre todo cuando se trata de productos de primera necesidad. Este proyecto no solo establece la pena de cárcel, sino también la inhabilidad de ser administrador de una sociedad mercantil".

     

    ESPINA

    "Hemos hecho un trabajo profesional de fondo con el apoyo de la fiscalía y las universidades. El acto de colusión es uno donde se defrauda la fe pública, es gravísimo. Se establece una sanción con pena de 3 años y un día, a 10 años, pero la gracia es que acá el juez deberá moverse solo en el rango de la pena, y en el caso de existir medidas alternativas, el coludido debe cumplir a lo menos un año de prisión".

     

    TUMA

    "Cuando se priva a una persona de elegir considerando el precio de un producto, estamos frente a un acto de crueldad. Es un atentado contra los consumidores más vulnerables. Existe la sensación que en estos delitos de cuello y corbata, nadie va a la cárcel. Vamos a seguir trabajando en las otras iniciativas que estamos discutiendo, y esperamos sirvan de insumo al proyecto del Gobierno que es más integral".

     

    QUINTEROS

    "Es grave lo que ha ocurrido en el mercado de las farmacias, los pollos y el papel. Los más pobres son los más afectados. Los fondos de pensiones han caído a raíz de esto, mientras que los ejecutivos coludidos han mantenido sus ganancias bursátiles. No quiero más impunidad en mi país, apoyo la agenda corta que la combate. El proyecto del Gobierno es el que otorga una respuesta más completa".

     

    MOREIRA

    "La libre competencia es el pilar esencial del sistema de libre mercado, de allí que la colusión sea el acto más dañino. Es necesario establecer mecanismos de disuasión para evitar que el mercado se destruya de esta manera. Se incorpora acá la posibilidad de criminalizar este delito. Este proyecto fue trabajado con la mesura necesaria porque no nació al calor de la contingencia".

     

    GOIC

    "Quiero recordar que hace años presentamos el primer proyecto que sancionaba esta práctica. Se trataba del primer cartel que se desbarató y que afectó a los precios de los medicamentos. Tenemos tres cadenas que controlan este mercado. Queremos tener penas acordes a la falta y que nos permitan devolver la confianza que han perdido los consumidores".

     

    ARAYA

    "Esto de conductas mucho más frecuentes de lo que creemos. Para las empresas existe una falta de incentivos para actuar correctamente. Hay facilidad para concentrarse y generar carteles. Hace años se eliminó la pena de cárcel, que hoy buscamos reponer. Se creía que las meras multas eran suficientes, pero la realidad nos ha demostrado que no".

     

    LARRAÍN

    "No existen los mercados perfectos y estos están expuestos a errores y manipulaciones. La libre competencia garantiza que los mercados operen y acá queremos resguardar este principio. Cuando éste es dañado, es el consumidor el que paga los costos. La primera ley fue la del presidente Alessandri. De ahí en adelante han surgido otras propuestas que responden a distintas maneras de atacar este delito".

     

    HARBOE

    "La correcta intervención del Estado en la libre competencia, es necesaria y justa. Hay casos, como el de la colusión, donde es necesario el combate a las malas prácticas. El Estado debe dar una respuesta estable y concreta que partió con la creación del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica".

     

    VAN RYSSELBERGHE

    "Siempre debe haber transparencia y un mercado regulado. Se está castigando con cárcel y aumentando las multas para quienes buscar terminar con la competencia. Creo en un sistema de libertades donde los pequeños tengan derecho a crecer. Ver por televisión que las grandes empresas que se coluden y participan en la delación compensada, no tienen ningún tipo de sanción, los que no somos abogados, no lo entendemos".

     

    GIRARDI

    "Las farmacias debieron reconocer que eran responsables de colusión. Hay 15 ejecutivos formalizados por esto. Tal vez lo peor que se puede hacer en esta materia es jugar con los precios de productos tan básicos como los medicamentos. Hoy las multas las pagan las empresas, pero debe haber un desincentivo para quien se colude, y eso se hace estableciendo una sanción penal".

     

    NAVARRO

    "La FNE no tiene capacidad jurídica porque tienen pocos abogados. El propio fiscal nacional reconoce que es una institución pequeña y es casi imposible perseguir carteles con efectividad. La autoridad reconoció que en Estados Unidos, los ejecutivos medios son los que caen en la cárcel. Espero que acá esto sea distinto y se encarcele al dueño de la empresa implicada".

     

    PÉREZ SAN MARTÍN

    "La colusión es un insulto para quienes creemos en la libertad económica. Reconozco que el proyecto del Ejecutivo resume bastante bien lo que hemos trabajado, pensando en la sanciones. A mí me llama la atención el tema de las marcas axiomáticas. ¿Por qué no sancionar a los coludidos con la pérdida de la marca? Creo que debemos estudiar medidas que desalienten los monopolios".

     

    LAGOS WEBER

    "En la economía de mercado se busca incrementar el capital. Para que eso funcione bien, se requiere espacio para que las personas se desarrollen, pero no significa que el Estado no cumpla el rol que le corresponde que es regular. Este es el proyecto más completo, incluso mejor que una de las mociones que presenté y está en tabla hoy".

     

    PROYECTOS DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA

     

    ABREN PLAZO DE INDICACIONES

     

    Asimismo, la Sala aprobó en general la moción, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto definitivo, refundido y sistematizado del decreto ley N° 211, para imponer penas privativas de libertad a conductas constitutivas del delito de colusión.

     

    Para el texto legal se fijó plazo de indicaciones hasta el día lunes 30 de noviembre a las 12:00 horas y cabe recordar que fue presentado por los senadores Eugenio Tuma, Guido Girardi, Ricardo Lagos y Jaime Quintana.

     

    Contenido del proyecto:
    - Sanciona con pena de presidio menor en cualquiera de sus grados (de 61 días a 5 años) y una multa a beneficio fiscal de hasta 30.000 UTA ($ 1.611.936.000) a quienes ejecuten o hubieren ordenado la ejecución de actos de colusión que afecte la libre competencia respecto de bienes o servicios de primera necesidad.
    - La colusión sancionada deberá consistir en acuerdos expresos o tácitos celebrados entre agentes económicos, o prácticas concertadas entre ellos, mediante los cuales se fijen precios de venta o de compra de bienes o servicios de primera necesidad, se limite su producción o se asignen zonas o cuotas de mercado.
    - Si la colusión fuere realizada por empresas, a través de sus gerentes, mandatarios, trabajadores o asesores, sin perjuicio de castigar a los autores, cómplices o encubridores, tal empresa será sancionada con su disolución por el sólo ministerio de la ley, tan pronto se encuentre ejecutoriada la sentencia condenatoria.
    - Se entenderán cometidas en Chile las conductas de colusión realizadas mediante un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde el territorio nacional, aun cuando se hubieren iniciado en el extranjero.

     

    El senador Tuma explicó que la norma comprarte el espíritu del primer proyecto aprobado y "esperamos reponer las penas de prisión para quienes se coluden y quienes actúan en contra, no solo de los consumidores, sino que de los competidores (…). Cuando hay dictamen de colusión queremos que automáticamente se den las condiciones de presentarse una demanda colectiva para reparación del daño a los consumidores".

     

    En otro orden si bien valoró la iniciativa y anunció su voto a favor, el senador Chahuán solicitó que los miembros de la Comisión de Economía revisen los proyectos y los fusionen si coinciden. "Hay proyectos presentados con mucha antelación y son solo algunos los que tienen trámite; se debe aplicar generosidad. Quiero preguntar qué pasó con el proyecto, de iguales características, que yo presenté 6 meses antes, pero no tuvo suerte de ser discutido".

     

    En tanto, el senador Larraín compartió los lineamientos generales de la norma, "pero, sin embargo, leyéndolo es fácil advertir que se debe tener una mirada más detenida, para ver el tipo penal, para dar mayores precisiones y tener en cuenta el problema de la multa fijas, porque en algunos casos pueden ser insuficientes y podría ser un buen negocio en algunos casos para las empresas; además es importante ver la relación entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público".

     

    VOTACIÓN PENDIENTE

     

    Por último, la Cámara Alta se abocó a analizar en general la moción de los senadores Ossandón y Tuma, que -igualmente- tiene por objeto introducir diversas modificaciones al ilícito de la colusión, incorporando penas privativas de libertad y aumentando las multas.

     

    No obstante, la votación de la iniciativa legal quedó pendiente, pero se aclaró que busca, entre otros, consagrar penas privativas de libertad para los involucrados en el ilícito de la colusión, con cumplimiento efectivo de la condena.

     

    Contenido del proyecto:

     

    - Consagra penas privativas de libertad para los involucrados en el ilícito de la colusión, con cumplimiento efectivo de la condena. De esta forma, a los directores, administradores y a toda persona que haya intervenido en la realización del acto respectivo, en cualquier grado de participación, se les aplicarán las penas de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (3 años y un día a 10 años).
    - Establece una agravante especial cuando los efectos de la colusión recaigan sobre determinado tipo de bienes de primera necesidad o servicios básicos, aumentando la pena en un grado, si la colusión recae sobre alimentos, prestaciones de salud, medicamentos, servicios educacionales y unidades habitacionales.
    - Modifica la multa establecida para este ilícito cuyo máximo actual es de 30.000 UTA ($ 1.611.936.000), fijándola en el doble del beneficio económico obtenido como resultado de la colusión.
    - Establece una eximente de responsabilidad penal especial, referida a la persona partícipe de una colusión que proporcione a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes que conduzcan a la acreditación de la conducta colusiva y a la determinación de los responsables (delación compensada).
    - Modifica las normas sobre competencia de los Tribunales en el Código Orgánico de Tribunales, en relación con las penas privativas de libertad que se establecen.

     

    Durante el debate el senador Tuma aclaró que la norma plantea que "los atenuantes no sean considerados por el juez, abriendo una gran posibilidad para que la sociedad vea que en estos delitos tan graves habrá verdaderas sanciones".

     

    Luego, el senador Moreira recordó que en variadas oportunidades ha manifestado públicamente su apoyo a estas iniciativas "y votaré a favor, independiente que se puedan fusionar o presentar indicaciones; sin embargo, quiero expresar algunas aprensiones, como que este proyecto se generó a días de denunciado el escándalo". A juicio del parlamentario, sería conveniente refundir los proyectos para mejorar su tramitación.

     

    Fuente:

    Saludos
    Rodrigo González Fernández
    Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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