Hay algo muy inquietante en las modas que últimamente afectan al gobierno de las empresas, y es el hecho de que cada vez se extiende más la idea de que un valor central como la honestidad se puede adquirir o incluso alquilar por un tiempo. Los cambios relacionados con la auditoría, con la responsabilidad penal de las empresas y la generalización del compliance, unidos a las presiones que reciben los gestores y las propias dinámicas empresariales, están contribuyendo a la visión de que la honradez se puede externalizar.
Se piensa que esto debe ser así porque se copia la idea de que la justicia sólo la puede administrar un agente externo, cuando valores así deberían ser intrínsecos en cualquier organización.
La Fundación Compromiso y Transparencia acaba de publicar su informe Independencia y transparencia del auditor externo en las empresas del Ibex 35 y en las empresas aseguradoras, que firman Javier Martín Cavanna y Concepción Sacristán. Es el segundo año que se elabora este estudio y surgen datos interesantes.Uno de los más preocupantes es que todas las empresas del Ibex 35 contratan sus servicios de auditoría con las llamadas Big Four (KPMG, PwC, Deloitte y EY). «Esta tasa de concentración del 100%... ha sido calificada como preocupante por el regulador europeo», afirma el documento, ya que está por encima de otros países de nuestro entorno como son Bélgica (88%) y Portugal (85%).La nueva obligación de rotar al auditor tras 10 años de servicios (o 14 si hay coauditoría) es contemplada como un avance por los autores. Sin embargo, esta rotación obligatoria ha sido vista con recelo por autores como el profesor Benito Arruñada que ha enumerado sus inconvenientes en múltiples trabajos. Lo cierto es que la rotación entre sólo cuatro empresas de auditoría constituye un peligroso juego oligárquico.Es muy alto (82%) también el porcentaje de miembros del Ibex 35 que contratan servicios distintos a la auditoría a estas mismas empresas, lo que se considera un factor de riesgo. Sólo tres (Endesa, Iberdrola y Telefónica) no lo hacen. Estos servicios extras constituyen ya el 27% de la facturación de los auditores.Ninguna empresa del Ibex informa del proceso que sigue para elegir a su auditor ni pide autorización a su junta general para contratar servicios adicionales o fijar la remuneración de los mismos. En cuanto a las auditoras, sólo KPMG supera con éxito la exigencia de un informe actualizado de responsabilidad social corporativa.Con todo, uno de los datos más sorprendentes tiene que ver con el supervisor público del sector, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Este organismo tiene una plantilla de 66 funcionarios y un presupuesto de personal de 3,5 millones de euros. Pero la subdirección general de control técnico, encargada de la inspección y la investigación, tiene sólo 13 funcionarios, más la subdirectora y su secretaria. Ellos tienen que supervisar un rubro que factura 615,4 millones con 7.500 empleados. Es evidente que hay un desfase entre lo que se exige y lo que el sector puede dar.
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